Modificaciones en la Ley de Contratos del Sector Público (España)

Tras una larguísima espera y con el efecto directo de las Directivas de 4ª generación de la UE en CP en vigor, se publicaba la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en España allá por noviembre de 2017, desde entonces, ésta ha tenido las siguientes modificaciones sobre su redacción inicial:

- La primera, como es ya por todos conocido, vino en relación a la alteración de los umbrales económicos de los contratos sujetos a regulación armonizada, por mandato de los Reglamentos Delegados (UE) números 2017/2365 y 2017/2366 de la Comisión, de 18 de diciembre, y que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2018.
https://www.redicop.com/propuestas/primera-modificacion-a-la-ley-92017-de-contratos-del-sector-publico/

 

- La siguiente modificación se producía el 24 de mayo de 2018 con la publicación de la corrección de errores de la Ley 9/2017 en el BOE, la cual afectaba al segundo párrafo del apartado 3 de la disposición final primera. Se corrigen ciertos artículos o partes de los mismos en relación al título competencial, concretamente, las materias en las que el Estado no tiene el carácter exclusivo en su legislación básica.

 

- Y la tercera proviene de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 2018. La cual modifica la Ley 9/2017 a partir del 5 de julio, en dos materias diferentes:

Una, en relación a los encargos a medios propios personificados, concretamente a la parte de los negocios jurídicos que celebren los entes destinatarios del encargo (art.32.7 -subcontratación-). Pues bien, aquí se va a especificar más la limitación a la subcontratación, aclarando el concepto de prestación parcial, que es objeto cuantitativo a limitar; además de añadir dos excepciones más a esa limitación de negociar con terceros:

“Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios a los que se les haya encargado la prestación de servicios informáticos y tecnológicos a la Administración Pública con el fin de garantizar la compatibilidad, la comunicabilidad y la seguridad de redes y sistemas, así como la integridad, fiabilidad y confidencialidad de la información.

Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación siempre que el encargo al medio propio se base en razones de seguridad, en la naturaleza de la prestación que requiera un mayor control en la ejecución de la misma, o en razones de urgencia que demanden una mayor celeridad en su ejecución. La justificación de que concurren estas circunstancias se acompañará al documento de formalización del encargo y se publicará en la Plataforma de Contratación correspondiente conjuntamente con éste”.

Y la otra materia es en lo tocante al tan controvertido, debido a las diferentes consideraciones de los diversos órganos consultivos de contratación pública, contrato menor. Al que se va a añadir otro supuesto a través de una nueva Disposición Adicional, la 54ª:
Un nuevo régimen aplicable a los contratos celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

“Atendiendo a la singular naturaleza de su actividad, como excepción al límite previsto en el artículo 118 de esta Ley, tendrán en todo caso la consideración de contratos menores los contratos de suministro o de servicios de valor estimado inferior o igual a 50.000 euros que se celebren por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre que no vayan destinados a servicios generales y de infraestructura del órgano de contratación.

A estos efectos, se entienden comprendidos entre los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los términos establecidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, las Universidades públicas, los Organismos Públicos de Investigación, fundaciones, consorcios y demás agentes de ejecución de la Administración General del Estado, los organismos y entidades de investigación similares a los anteriores dependientes de otras Administraciones Públicas, las Fundaciones de Investigación Biomédica, y los centros, instituciones y consorcios del Sistema Nacional de Salud”.

Nuevo supuesto y umbral que viene a responder respecto a una vieja demanda de la comunidad Científica y/o universitaria, aunque en su momento se entendía atendida con la posibilidad que ya se otorgaba con el novedoso procedimiento abierto supersimplificado o sumario (art. 159.6).

Autor: Jorge López-Veiga

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